La revolución francesa

La Francia prerrevolucionaria

A finales del s. XVIII Francia era uno de los países hegemónicos y de mayor población mundial (alrededor de 26 millones de personas). La sociedad francesa presentaba las características propias del Antiguo Régimen: el 80 % de la población estaba compuesta por campesinos, de los que sólo una pequeña parte disponía de tierras suficientes para asegurar su propia subsistencia frente a una mayoría sin propiedades, braceros o siervos, todos ellos sujetos al pago de prestaciones señoriales que percibían los miembros de la nobleza y el clero.

• Los sectores sociales

La burguesía, junto con los campesinos y las clases populares urbanas, constituían el llamado tercer estado o estado llano. Pero la burguesía no conformaba un sector social homogéneo, sino que presentaba diferencias en función del nivel de riqueza o del origen de la misma, lo que explica su división en distintos sectores que respondían a la defensa de intereses diversos. Así, en los núcleos urbanos se concentraban los miembros de las profesiones liberales (abogados, profesores, etc.), financieros y empresarios; en el medio rural se encontraban los rentistas, que trataban de imitar en sus formas y comportamientos a la nobleza y en las áreas portuarias se localizaba la burguesía comercial.

En su conjunto la burguesía compartía los postulados del racionalismo filosófico, era defensora de los principios políticos que igualaban a las personas en derechos y deberes, y se mostraba contraria a las diferencias basadas en privilegios de cuna. En términos generales, la organización de la sociedad estamental propia del Antiguo Régimen entraba en conflicto con el ascenso de una burguesía que poseía el poder económico, pero que se veía privada de acceder a cualquier tipo de poder político.

La toma de la Bastilla (Museo Histórico de Lorrain, Nancy, Francia). La Bastilla, convertida en prisión desde tiempos de Richelieu y símbolo del absolutismo, fue asaltada por las masas populares el 14 de julio de 1789.

La nobleza y el clero constituían los estamentos privilegiados de la sociedad del Antiguo Régimen. En la Francia de 1789 poseían entre el 30 % y el 40 % del suelo cultivado. La preeminencia de la nobleza se basaba en los privilegios que mantenían, especialmente estar exentos de pagar impuestos y tener el derecho a percibir servicios de diversa naturaleza.

El clero estaba formado por unas 130.000 personas que, como la nobleza, se encontraban exentas de pagar impuestos. De los impuestos que percibían destacaba el diezmo. Dentro del clero se daban también grandes diferencias: en el extremo más alto se encontraban los cardenales, obispos y abates, mientras que en el extremo más bajo se situaban los curas de las parroquias humildes.

• Las desigualdades económicas

La actividad económica más importante en la Francia del Antiguo Régimen era la agricultura. Los rendimientos agrarios eran escasos y se necesitaban muchas horas de trabajo para satisfacer las necesidades alimenticias de la población. A lo largo del s. XVIII se había iniciado un lento proceso de modernización en el campo francés con la introducción de nuevos cultivos y nuevas técnicas.

La producción industrial estaba sometida a la reglamentación gremial en la que se agrupaban los oficios urbanos. En este ámbito se reflejaba también cierta modernización, sobre todo en la industria textil y la metalurgia, dedicada ésta a la fabricación de nuevas herramientas para la agricultura.

El comercio interior estaba limitado por los fuertes impedimentos heredados de las estructuras medievales, como el pago de impuestos por peajes en aduanas interiores y la ausencia de unidad monetaria.

Luis XVI de Francia

A pesar de que el s. XVIII fue un siglo de expansión económica, ni los campesinos ni los artesanos y obreros de las ciudades habían participado de sus beneficios. Las condiciones de vida de las masas populares urbanas fueron empeorando a lo largo del siglo. Entre 1771 y 1789 el coste de la vida aumentó un 45 %; sin embargo, los salarios sólo crecieron un promedio del 17 %; ello creó las condiciones necesarias para que aumentara la masa de descontentos. La mala cosecha de 1788 provocó un alza de los precios del grano y del pan, mientras que el hundimiento de los precios del vino arruinaba a los pequeños viticultores.

• Las finanzas y el gobierno

A estas crisis de subsistencias deben añadirse los problemas de fiscalidad del Estado francés, que, básicamente, consistían en que los gastos superaban a los ingresos. Ante el empeoramiento de la situación, se planteó la necesidad de realizar una profunda reforma del sistema y de crear nuevas figuras impositivas.

El Reino de Francia estaba gobernado por una monarquía absoluta que, desde 1774, encabezaba Luis XVI. Así pues, todos los poderes se concentraban en la figura del rey, que los ejercía de una manera arbitraria.

1789: el inicio de la crisis

El desarrollo de las ideas de la Ilustración, con la doctrina de la soberanía nacional de Rousseau o la de la separación de poderes de Montesquieu; las reformas practicadas por los déspotas ilustrados, y los intentos de modificación de los principios fiscales realizados por Luis XV, que inquietaron a los sectores privilegiados afectados, fueron socavando los pilares del absolutismo monárquico de forma que paulatinamente fue perdiendo sus apoyos sociales.

Las crecientes dificultades fiscales del Estado francés obligaron al gobierno a intentar rebajar el déficit, con lo que se ampliaron los ingresos a costa de recortar algunos de los privilegios de la nobleza y del clero. La persistente negativa de los dos estamentos superiores a asumir la pérdida de parte de sus rentas llevó a la convocatoria de los Estados Generales, la asamblea estamental del reino, que no se reunía desde 1614.

Primera sesión de los Estados Generales (5 de mayo de 1789)

Desde el momento de su convocatoria, las asambleas en las que se elegían los representantes del tercer estado redactaron sus reivindicaciones (cahiers de doléances), al igual que la nobleza y el clero, de manera que en ellos quedan reflejadas las aspiraciones de cada estamento en los momentos previos al estallido revolucionario. Burguesía y nobleza eran conscientes de la necesidad de introducir reformas tanto en la constitución monárquica del reino como en la organización de la administración. Pero las medidas propuestas por unos y otros eran claramente distintas. Mientras los estamentos privilegiados se aferraban a sus prerrogativas, proponiendo medidas como la mejora de la administración de los recursos, la abolición de las aduanas interiores o una mayor frecuencia de reunión de los Estados Generales, los miembros del tercer estado se preocuparon por cuestiones relacionadas con la libertad de expresión, de comercio y de reunión y con la abolición de las prestaciones personales y de los diezmos.

En la sesión inaugural de los Estados Generales en Versalles, el 5 de mayo de 1789, los miembros del tercer estado prácticamente igualaban en número a los de la nobleza y del clero. El enfrentamiento inicial se articuló en torno a la cuestión del voto. Los estamentos privilegiados eran partidarios del voto por órdenes; en cambio los diputados del tercer estado planteaban la necesidad de que el voto fuera individual, con lo que conseguirían controlar la mayoría de la asamblea. Tras arduas discusiones, el 17 de junio se constituyó en Asamblea Nacional el grupo dirigido por Sieyès. Ante este hecho, Luis XVI cerró la cámara en que debía reunirse la Asamblea Nacional al tiempo que anunciaba la convocatoria de una reunión real; los diputados respondieron trasladándose al Jeu de Paume, donde se realizó el solemne juramento de no disolverse hasta la redacción de una constitución. En los días siguientes algunos miembros liberales de la nobleza y del bajo clero se fueron uniendo a los diputados del tercer estado. El 27 de junio, con la reunión de la Asamblea Constituyente, comenzó el proceso revolucionario al sustituirse el concepto de absolutismo monárquico por el de soberanía nacional.

• Las insurrecciones populares

A la denominada revuelta de los privilegiados, es decir, la oposición de los dos estamentos superiores a la introducción de cualquier tipo de reforma, y a la fase liderada por los sectores burgueses, que consiguieron la reunión de la Asamblea Constituyente, siguió un período en el que los elementos populares asumieron el protagonismo revolucionario.

La crisis económica se juntó con la crisis política, y la inquietud de los grupos populares se incrementó con rumores en torno al acaparamiento de productos de primera necesidad por parte de la aristocracia para, de este modo, doblegar a las masas por hambre. Todo ello creó un clima de creciente descontento que estalló en París, el 14 de julio, con el asalto a la Bastilla.

En el verano de 1789 las revueltas se extendieron por el campo francés. Los campesinos se enfrentaron a los aristócratas, incendiando castillos y tierras. El 5 de octubre, una nueva crisis de subsistencia sirvió de detonante para la marcha de una multitud sobre Versalles, que obligó al monarca a trasladarse, junto con la Asamblea, a París.

• Las tareas de la Asamblea Constituyente

En medio de un clima de inquietud social, la Asamblea Constituyente inició sus tareas enfrentándose al grupo más conservador, que era partidario ante todo de reprimir los disturbios campesinos, y con una mayoría que daba prioridad al establecimiento de medidas de renovación de las estructuras políticas y sociales francesas.

La primera de estas medidas consistió en la aprobación, el 5 de agosto, de la abolición de los derechos señoriales y en la supresión del diezmo, decisión que se fue completando con nuevas leyes en que se prohibía la venta de cargos públicos o se obligaba al pago de los impuestos también a los estamentos privilegiados.

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano

A ésta siguió, el 26 de agosto, la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que pretendía constituirse en una declaración de principios de validez universal. Muy influida por la declaración de Independencia de Estados Unidos y por el pensamiento filosófico ilustrado, en ella se exalta la libertad individual y se consagran como principios fundamentales la libertad de pensamiento, de prensa y de trabajo, así como la igualdad y la propiedad. La declaración insistía, además, en la transferencia de la soberanía a la nación y en la separación de poderes.

La abolición de los privilegios del clero provocó continuos roces con la Iglesia. Tras la supresión del clero regular, en julio de 1790 se proclamó la Constitución civil del clero, que asimilaba a obispos y párrocos con funcionarios civiles y les obligaba al juramento de la Constitución. Sólo una minoría del clero aceptó acatar las nuevas disposiciones, de modo que los que se negaron, el denominado clero refractario, pasaría a contarse entre los opositores a las medidas revolucionarias.

La Constitución elaborada por la Asamblea Constituyente se terminó en 1791. Los principios sobre los que se basaba eran: la soberanía nacional, la división de poderes y el establecimiento del sufragio censitario. El poder legislativo residía en una Asamblea Nacional de 745 representantes, que debía renovarse cada dos años, sin que el monarca pudiera disolverla. El poder ejecutivo radicaba en el rey, aunque estaba limitado puesto que sólo podía ejercer el derecho de promulgar y ejecutar las leyes elaboradas por la Asamblea. El poder judicial recaía en los jueces, que eran pagados por el Estado, con lo que se ponía fin a las ventas de cargos.

La obra legislativa de la Asamblea fue muy importante. Se organizó una nueva administración territorial basada en la creación de los departamentos, y los ayuntamientos aumentaron sus competencias. En el ámbito económico, el liberalismo se abrió paso, se subastaron bienes nacionalizados de la Iglesia, se realizó una reforma tributaria, se creó una nueva moneda (el asignado) y se suprimieron las aduanas interiores.

La Asamblea Legislativa

Las reformas introducidas provocaron la aparición de varios frentes de inestabilidad que ponían en evidencia la existencia de una oposición contrarrevolucionaria. La mayoría de las monarquías europeas estaban decididas a actuar contra la Francia revolucionaria. En el otro extremo se encontraba el movimiento liderado por Robespierre y el club de los jacobinos, que defendían postulados más democráticos y radicales, como el sufragio universal. El anticlericalismo, que encontraba en los obreros de las ciudades a sus más fieles seguidores, constituía otro frente de inestabilidad para la obra legislativa de la Asamblea.

Luis XVI, planeó su huida con la intención de recabar apoyos para volver al estado anterior a 1789. Pero su intento de fuga, el 21 de junio de 1791, fue descubierto en Varennes, donde fue apresado y obligado a retornar a París. Ante la presión popular para instaurar la República, la Asamblea Nacional se disolvió voluntariamente el 30 de septiembre. Mientras, el emperador de Austria, Leopoldo II, y el rey de Prusia, Federico Guillermo II, firmaron la declaración de Pillnitz (27 de agosto de 1791), en la que advertían a Francia que actuarían contra la revolución si las circunstancias así lo aconsejaban.

La familia real es detenida en Varennes (21 de junio de 1791)

Una vez disuelta la Asamblea Nacional se convocaron elecciones para la formación de una nueva cámara en la que destacaron dos tendencias: por una parte, por la derecha partidaria de una monarquía limitada por una constitución, grupo liderado por Lameth y La Fayette. Por otra, la izquierda, escindida en varias corrientes.

En primer lugar, el sector más moderado de los republicanos, los girondinos, dirigidos por Brissot y Condorcet, en el que se integraba la alta burguesía comercial, partidarios del respeto a la ley y a la propiedad privada, de la descentralización administrativa y de la universalidad de los principios de la revolución.

En segundo lugar, los jacobinos, que agrupaban a la mediana burguesía y a las clases populares, partidarios de extremar las medidas revolucionarias; propugnaban la limitación de la propiedad privada y la libertad individual, y pensaban que la revolución debía realizarse desde París, cuyo ayuntamiento controlaban. Su representante más extremista era Robespierre, mientras que en torno a Danton y Desmoulins se fueron agrupando los jacobinos más moderados. A la izquierda de los jacobinos se situó el grupo liderado por Carnot, partidarios del sufragio universal. Y en el centro se localizaba un grupo mayoritario que oscilaba entre las posiciones conservadoras y las exaltadas.

La Asamblea decidió adoptar medidas para frenar los intentos contrarrevolucionarios, entre las cuales destacó la apropiación de los bienes de los exiliados y la deportación del clero que se había negado a jurar la Constitución. La crisis económica, agravada por la mala cosecha de 1791, se sumó al inicio de la guerra contra las potencias europeas en abril de 1792.

Las posturas ante el conflicto eran variadas. Los girondinos no temían la guerra porque pensaban que una vez ganada serviría para extender los ideales de la revolución por Europa. Los jacobinos entendían que ir a la guerra entrañaba el peligro de la contrarrevolución o bien de la instauración de una dictadura para hacer frente al doble reto que significaba hacer la guerra y mantener los ideales y principios de la revolución.

Ante los primeros fracasos militares frente a las tropas extranjeras, la Asamblea declaró la patria en peligro y lanzó una proclama a favor de la salvaguarda de los principios revolucionarios. A ello siguió una radicalización de los grupos más desfavorecidos de la ciudad, descontentos con la gestión de los girondinos, que derivó en un levantamiento popular contra la monarquía. El día 10 de agosto de 1792 los insurrectos asaltaron el palacio de las Tullerias, instauraron un consejo popular mientras el rey y su familia se refugiaron en la Asamblea, que decidió mantenerlos bajo arresto.

La República

El levantamiento del 10 de agosto tuvo importantes consecuencias: acabó con la monarquía y se decretó el establecimiento de la República; la Constitución de 1791 perdió su vigencia y se convocaron elecciones para elegir, por sufragio universal masculino, una convención que debía elaborar la Constitución del año I, según el nuevo calendario revolucionario, símbolo externo de la voluntad del nuevo régimen de romper totalmente con el pasado. El advenimiento del régimen republicano coincidió con el momento en que los ejércitos prusianos fueron vencidos, el 20 de septiembre de 1792, en la batalla de Valmy, lo que supuso detener el avance de las potencias europeas.

• La Convención girondina

La nueva asamblea, denominada Convención, estuvo dominada en un primer momento por el grupo de los girondinos y hubo de enfrentarse con la guerra exterior, la crisis económica y una permanente tensión social.

De izquierda a derecha, los dirigentes revolucionarios Georges-Jacques Danton, Jean-Paul Marat y Maximilien de Robespierre (Museo Lambinet, Versalles, Francia).

El proceso iniciado contra Luis XVI, juzgado bajo la acusación de traición a la patria, terminó con su ejecución en la guillotina el 21 de enero de 1793, lo que significó la ruptura definitiva con el Antiguo Régimen. La sentencia afectó gravemente a las posiciones políticas de los girondinos, que se habían mostrado muy divididos durante el juicio, y cuyo prestigio se encontraba debilitado ante las masas parisinas que anhelaban medidas más radicales. Por otra parte, la coalición de las monarquías europeas impulsada por Gran Bretaña consiguió varias victorias frente a los ejércitos franceses, por lo que la Convención decidió recurrir al reclutamiento de más hombres. La leva de 300.000 hombres fue el detonante para que, alentados por los sectores contrarrevolucionarios, se rebelaran los campesinos de la Vendée, a los que pronto se unieron otros departamentos vecinos durante el verano de 1793. La guerra civil declarada en el interior y el nuevo avance de los ejércitos de las potencias europeas provocó una crisis que tuvo como consecuencia la pérdida de la mayoría girondina en la Convención.

• La Convención jacobina

Los dirigentes jacobinos desplazaron del poder a los girondinos y rápidamente empezaron a dictar medidas más radicales para hacer frente al enemigo exterior e interior.

Para controlar la contrarrevolución en el interior se creó el Comité de Salud Pública y el Comité de Seguridad General, formado por un reducido número de personas. La fase de la revolución en la que actuaron estos dos organismos se conoce como el régimen del Terror porque durante su desarrollo se llevó a cabo la persecución política de aquellos ciudadanos acusados de contrarrevolucionarios y traidores, mediante la promulgación de una ley de sospechosos. Entre octubre y diciembre de 1793 las cárceles de París pasaron de albergar 1.500 detenidos a 4.500.

La última fase de este período estuvo marcada por la dictadura personal de Robespierre. La oposición a su gobierno fue creciendo no solo entre girondinos sino también entre los sans-culottes. Al día siguiente de haber lanzado otra amenaza de persecución indiscriminada contra la Convención y el Comité, el 10 de Termidor (28 de julio de 1794) Robespierre fue detenido y ejecutado sin juicio previo junto con 80 de sus partidarios.

• La Convención termidoriana

La Convención termidoriana supuso una vuelta a posturas más moderadas. Los girondinos recuperaron el dominio de la situación y desarrollaron una obra política dirigida a desmontar la de los jacobinos: se abandonó el terror como método revolucionario, se abrieron las prisiones, y el poder retornó a las clases adineradas, que desoyeron las peticiones de justicia social.

Se elaboró una nueva constitución, la de 1795, en la que se volvió al sufragio censitario, el poder legislativo se articuló en dos cámaras, el Consejo de los Ancianos y el Consejo de los Quinientos, y el poder ejecutivo recayó en un Directorio de cinco miembros que se renovaban parcialmente cada año y que eran nombrados por el legislativo.

Entretanto, los ejércitos franceses invadieron los Países Bajos austriacos, ocuparon las Provincias Unidas, e instituyeron la República Bátava. Además, consiguieron detener a los ejércitos aliados en el Rin. Todo ello provocó la ruptura de la coalición antifrancesa, y la firma de los tratados de Basilea con Prusia (5 de abril de 1795) y con España (22 de julio de 1795), de modo que las únicas potencias que continuaron en guerra con Francia fueron Austria y Gran Bretaña. En el interior se acabó con las insurrecciones de los sans-culottes y también con las de signo contrarrevolucionario.

• El Directorio

El período que se extiende entre la aprobación de la Constitución del año III (agosto de 1795) y el golpe de estado del 18 de Brumario (noviembre de 1799) se conoce como Directorio. La organización del Directorio se fundamentaba en las bases que establecía la nueva Constitución: un directorio de cinco miembros, dos cámaras y sufragio censitario.

En política interior, el Directorio continuó con la línea de fidelidad a los principios de 1789 y oposición a la contrarrevolución realista. Con todo, la realidad hacía difícil el intento, ya que el desarrollo económico estaba colapsado y la miseria y el desorden se habían extendido por buena parte del país. En mayo de 1796 tuvo lugar la Conjura de los Iguales, encabezada por Babeuf, que trató de aprovechar el descontento popular para implantar sus teorías próximas al socialismo utópico. Pero su intento fracasó y tanto él como sus seguidores fueron ejecutados.

Expansión de la Francia republicana. La revolución francesa encontró a sus más entusiastas aliados entre los partidarios de la Ilustración de toda Europa.

En relación con la guerra exterior, el Directorio inició una política belicista contra Austria con la intención de llegar hasta Viena. Los éxitos de las campañas del norte de Italia, dirigidas por un joven general Napoleón Bonaparte, obligaron a Austria a firmar la paz de Campoformio, en octubre de 1797, por la que Bélgica quedó bajo soberanía francesa, y Austria abandonó Lombardía a cambio de que le fuera reconocida la posesión de parte del territorio del Véneto. Después de la campaña de Italia, la guerra continuó en territorio egipcio contra Gran Bretaña, con el objetivo de cortar el camino de los británicos hacia la India. Mientras Napoleón se hallaba en Egipto, se formó la segunda coalición antifrancesa, en la que participaron Gran Bretaña, Rusia, Austria, Cerdeña, Nápoles y Turquía, con lo que el signo de la guerra pronto fue negativo para Francia.

Ante tal estado de cosas, en octubre de 1799, Napoleón decidió regresar a Francia y, una vez allí, apoyó el golpe de estado (18 de Brumario, 9 de noviembre de 1799) contra un gobierno del Directorio, totalmente desprestigiado debido a la pésima situación económica, a la persistencia de la guerra civil en las zonas rurales y también a la contrarrevolución realista. Con ello se iniciaba una nueva época en la historia de Francia.